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El desafío de la integridad electoral

La calidad de un proceso de elecciones descansa en que existan reglas claras pero resultados inciertos, de manera que se garantice que los mismos no sean predecibles o favorezcan a un partido o candidato.

Redacción CAP

En los últimos 40 años, en América Latina, se han establecido distintos criterios a partir de los cuales se evalúa la calidad de los eventos electorales, explicó el politólogo costarricense, Eduardo Núñez, en la segunda sesión de trabajo del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Elecciones en Guatemala.

A finales de la década de los 70, la preocupación se centraba en que los procesos fueran libres, justos y se celebraran dentro del periodo constitucional establecido. Es decir, se evaluaba que el escrutinio de los votos fuera correcto, que la ciudadanía votara sin amenazas y que se garantizara la alternancia del poder, expuso el facilitador.

“América Latina buscaba responder a los miedos del pasado durante los regímenes autoritarios, cuando se hacían elecciones, pero no eran libres sino condicionadas por los regímenes de facto. Había una larga tradición de fraudes electorales”, recordó el experto.

Imagen: Katie Martin / The Atlantic

Años después, en las postrimerías de la década de los 80, se hizo énfasis en la transparencia de los procesos. Surgieron entonces iniciativas de observación ciudadana de las elecciones. A comienzos del siglo XXI, se empezó a evaluar el grado de equidad entre los actores que compiten por el poder.

Al respecto, Eduardo Núñez comentó: “El proceso electoral se empieza a ocupar de lo que en México llaman la contienda o campaña electoral. Hubo reformas en materia de financiamiento político, de acceso a los medios de comunicación y se desarrolló la función de control y fiscalización por parte de los tribunales electorales a las organizaciones políticas”, sostuvo.

Finalmente, en los últimos cinco años, surgió el concepto de integridad electoral, el cual recoge las preocupaciones de años anteriores y además considera aquellos factores propios de los regímenes políticos electorales y del contexto que pueden afectar la libertad, justicia, transparencia y equidad de las elecciones, afirmó.

Y es aquí donde entran en juego desafíos clave para el proceso.

Imagen: Plaza Pública / Andrea Godínez

Los retos

Un primer desafío para los sistemas políticos electorales es proveer normas claras que rijan por igual para todas las organizaciones políticas y sus integrantes, y que garanticen que los resultados no sean predecibles a favor de nadie.

“Uno de los principios fundamentales de hacer bien las elecciones y, por ende, de la integridad electoral, se resume en una máxima: Reglas ciertas, resultados inciertos. Es decir, las coordenadas normativas, administrativas y procedimentales en las cuales se realiza la elección son claras y permiten a los actores políticos competir en condiciones conocidas. Esto garantiza que la competencia sea creíble porque los resultados no pueden ser predeterminados, ni predecibles para ninguno de los actores en la contienda”, afirmó Núñez.

En Guatemala, estas normas radican en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, y en el Código Penal (que regula delitos electorales), entre otros.

Proveer esta certeza se vuelve más complejo en un sistema político partidario fragmentado como el de Guatemala, en el que conviven 27 partidos políticos. “Vemos cómo las agrupaciones partidarias tienen un período de vida de entre 10 y 12 años y ello explica por qué en las últimas cuatro décadas han existido alrededor de 100 partidos en el país”, agregó.

“Es mucho más difícil aplicar de manera estandarizada las reglas cuando hay 30 contendientes electorales. Además, es un desafío para los partidos diferenciar su oferta electoral e implantarse socialmente para obtener preferencia”, advirtió.

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A esto hay que sumar algunos fenómenos contextuales como el alto grado de conflictividad social; la violencia homicida -que empezó a incrementarse en 2019- y la desinformación, que busca instalar una narrativa con hechos falsos o inexactos para forzar preferencias a favor de una candidatura o para perjudicar a otra, indicó.

Es en esa amalgama de circunstancias que se realizarán las elecciones en Guatemala. Y será la ciudadanía y las organizaciones que fiscalizan el proceso electoral quienes determinen si la calidad del mismo garantizó comicios libres y justos, o no, finalizó el facilitador.

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