Imagen: German Canseco | Proceso

Bajo riesgo: los programas de protección para periodistas en América Latina

La adopción e implementación de medidas y políticas que contribuyan a la protección y garantía de la labor periodística son fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión y el fortalecimiento de la democracia. 

Redacción CAP

El ejercicio del periodismo en América Latina afronta innumerables desafíos. Desde las restricciones y bloqueos para acceder a la información hasta amenazas, ataques y asesinatos, sostuvo Bia Barbosa, periodista brasileña y coordinadora del área de incidencia de la organización Reporteros Sin Fronteras, al iniciar su presentación en el CAP.

Los Estados están obligados a garantizar que las y los periodistas puedan realizar su labor de forma segura y sin poner en riesgo su integridad, enfatizó la especialista, al tiempo de señalar que éste debería ser el principal objetivo de los programas y políticas de protección para periodistas y comunicadores sociales.

En América Latina solamente México, Honduras, Colombia y Brasil cuentan con programas de protección destinados a atender a las y los periodistas que se encuentran en riesgo y afrontan situaciones de vulnerabilidad. En términos generales, entre otras acciones, estos mecanismos realizan análisis de riesgo, reciben denuncias y elaboran e implementan planes de protección que van desde la colocación de cámaras de vigilancia hasta esquemas de seguridad con escoltas, explicó Barbosa.

A pesar de su existencia, en estos países continúan enfrentándose enormes retos para garantizar la seguridad y protección de las y los periodistas y se registran dificultades y debilidades en su implementación.

Por esta razón, Reporteros sin Fronteras (RSF) realizó la investigación “Bajo Riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina” que posibilitó identificar cuáles son los principales problemas detectados y las medidas que se podrían implementar para poder subsanarlos.

Este informe presenta de manera comparada un diagnóstico del funcionamiento de cada uno de los programas de protección para periodistas en estos 4 países de la región. “Para lograrlo, durante 2021 el equipo de RSF realizó 75 entrevistas con funcionarios públicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos y llevó a cabo un análisis dividido en 10 categorías con el fin de identificar buenas prácticas y retos en su implementación”, indicó Bia Barbosa. 

Captura de la presentación “Mecanismos de protección: lecciones aprendidas” de Bia Barbosa en Ciclos CAP.

A partir de este análisis, se estableció la necesidad de impulsar cambios urgentes en todos los programas de protección. “Solo el 10% de las categorías estudiadas no exigen mejoras urgentes o en el corto plazo. La mayoría de los programas de protección cuentan con un marco normativo, pero esto no es suficiente si éste no se acompaña con otros aspectos estructurales”, señaló la experta.

“Un ejemplo claro es el programa de protección de Colombia, en donde a pesar de que se cuenta con una matriz específica para el análisis de riesgo, se han recibido denuncias sobre acciones de espionaje por parte de los agentes de seguridad del Estado que prestan el servicio de escolta y protección a periodistas”, comentó.

Algo similar sucede en Honduras en donde a pesar de que el Ejército y la Policía están entre los principales autores de agresiones en contra de periodistas, son estas instituciones las encargadas de brindar medidas de protección. “Esto se traduce en una falta de confianza y pérdida de credibilidad por parte de las y los periodistas hacia el programa de protección”, indicó.

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En general, dijo la periodista, la implementación de las medidas de protección es uno de los problemas principales que se afronta. “A pesar de que los programas de México, Brasil, Honduras y Colombia cuentan con plazos fijados por ley para implementar las medidas y esquemas de protección en favor de las y los periodistas, históricamente esos plazos no son respetados y, en muchos casos, esto se traduce en el asesinato de periodistas”, sostuvo.

Para Barbosa, los programas de protección de la región deben de partir de una perspectiva integral que incluya medidas de apoyo psicológico, de autoprotección y de seguridad digital para los y las periodistas y no solamente estar basados en un enfoque de seguridad física.

“El programa de protección de Colombia, que si bien es el mecanismo de protección más grande y con más recursos en la región, tiene un enfoque de seguridad militarizado en donde muchas veces las medidas de protección contemplan únicamente escoltas policiales y carros blindados”, señaló la periodista.

Para Barbosa esto es uno de los retos más importantes a superar: “se debe de adoptar un enfoque verdaderamente interseccional que tenga en cuenta las diferencias de género, etnia, raza y de diversidad sexual, así como las especificidades de las regiones en donde suceden los ataques y amenazas en contra de las y los periodistas”.

Otro tema necesario de abordar es el del sostén económico de las y los periodistas reubicados en refugios temporales. “Dado que la mayoría son responsables del sustento familiar, al momento de ser evacuados se producen serias dificultades para el bienestar de los beneficiarios y sus familias”, explicó.

Imagen: Julio Ortega | Shutterstock

Esta falta de enfoque integral y el retraso en la implementación de las medidas, también está acompañado por la poca coordinación que estos programas tienen con otras entidades públicas. “Solamente México y Honduras tienen fiscalías especializadas y específicas para tratar los delitos en contra de las y los periodistas y comunicadores. Esto hace que sea mucho más difícil garantizar una investigación eficaz en contra de las personas o los grupos que amenazan y atentan contra la libertad de expresión”, dijo Barbosa.

En este sentido, es necesario que los programas de protección cuenten con canales de comunicación fluidos y metodologías de trabajo que permitan articularse con diversas instituciones del Estado.

Además, resulta necesario incluir a la sociedad civil dentro de la estructura de trabajo de estos programas para garantizar que la metodología del trabajo y también los cambios en las políticas de protección cuenten con la voz y el voto de los representantes de organizaciones de sociedad civil, sobre todo aquellas que defienden la liberta de expresión, detalló.

“La gran conclusión que sacamos luego de hacer este informe, es que mientras los mecanismos de protección sean entendidos por los Estados como engranajes aislados y desvinculados de la acción de otras entidades públicas, las medidas de protección para las y los periodistas seguirán siendo poco efectivas” concluyó la experta.

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